Araucanía: el gobierno sin rumbo

Un artículo de nuestra edición de hoy da cuenta de las crecientes dificultades que existen en La Araucanía para acceder a cobertura de seguros para distintos siniestros y bienes – incendios y vehículos, particularmente-, debido la violencia que impera en esa parte del país hace años. Este es un problema que también se extiende a la obtención de créditos, según han recogido testimonios de víctimas de ataques, que suelen ser más caros o con más condiciones, para quienes habitan o laboran en las áreas más golpeadas por ataques.

Lo cierto es que los atentados siguen ocurriendo con una frecuencia e intensidad que resultan desoladoras. El del pasado viernes, donde el conductor de un camión fue herido de bala y hasta ayer seguía en estado de extrema gravedad, es sólo el más reciente, de ningún modo el peor, y ocurrió el mismo día en que carabineros de Ercilla fueron igualmente atacados por armas de fuego cuando cumplían una medida de protección en una zona rural.

Hasta ahora, la reacción del gobierno da cuenta no solamente de la falta de una estrategia clara para enfrentar la violencia -al igual que administraciones anteriores, cabe destacar-, sino también de visones encontradas, incluso diametralmente contradictorias, respecto de cómo hacerlo. Así, mientras el subsecretario del Interior y la ministra vocera de gobierno atribuyen la principal responsabilidad al crimen organizado y a grupos radicalizados, el delegado presidencial de La Araucanía insiste en la necesidad de un diálogo político cuyo inicio “va a estar mediado por la Convención (Constitucional)”, lo que resulta incomprensible.

En su primera visita a la región la ministra del Interior fue recibida a tiros a días de asumir el cargo. Pese a ello, se mantuvo la decisión de no mantener el estado de excepción decretado tardíamente por el gobierno anterior. Es muy difícil -en estricto rigor, imposible- poner coto a la violencia cuando en el propio gobierno parecen coexistir visiones contrapuestas respecto de sus causas de fondo.